Benito Arruñada es Catedrático de Organización de Empresas en la Universidad Pompeu Fabra

Benito Arruñada es Catedrático de Organización de Empresas en la Universidad Pompeu Fabra. Su trabajo académico se centra en analizar las bases institucionales que hacen posible la actividad de empresas y mercados, como la regulación de la empresa, o cuestiones relacionadas con los contratos y derechos de propiedad.

Estas investigaciones han sido publicadas en las más prestigiosas revistas académicas. En una entrevista con Libre Mercado, Arruñada opina sobre las reformas del actual Gobierno, en especial la laboral, y el papel de los sindicatos.

Pregunta (P): ¿Qué balance hace de los pocos meses del ejecutivo del Partido Popular?

Respuesta (R): Con la excepción de la subida de impuestos y la dación en pago, la mayoría de las medidas anunciadas o ya adoptadas van en la buena dirección. No obstante, si bien pueden considerarse razonables desde un punto de vista político, considerando la opinión pública dominante, me parecen tímidas e insuficientes para la gravedad de la situación.

Primero, la reforma financiera parece haberse quedado a medias y, además, sigue optando por soluciones como las fusiones, que dan continuidad más o menos parcial a entidades en quiebra y privilegian a todos los participantes en esas empresas respecto a los de las demás empresas en similar situación.

Segundo, se optó por subir algunos impuestos, sobre todo el IRPF, para aliviar el déficit en vez de recortar gastos y, lo más grave, a la vez que se recuperaba la deducción por compra de vivienda para la que existe difícil justificación. Me parece especialmente perniciosa la subida de tipos del IRPF. No sólo porque, por un lado, sus tipos ya eran muy elevados, sino porque se sitúan a esos niveles elevados para rentas relativamente bajas. Debido a esta progresividad tempranera, el IRPF está gravando de forma acusada la inversión en capital humano, que es justamente el tipo de inversión que necesitamos para cambiar el modelo productivo.

Además, se estima que la subida del IRPF aumentará la recaudación, como mucho, en un 0,4% del PIB, mientras que la deducción por compra de vivienda la reduce en torno al 0,6% del PIB. Cierto que ambas cifras no son totalmente comparables en cuanto a la responsabilidad de los gobernantes actuales, pues el coste de la deducción obedece en buena medida a compras antiguas, pero no por ello es un coste menos real.

Tercero, las propuestas de reforma institucional (educación, CGPJ, TC, etc.) apenas retocan unas estructuras que necesitan más bien una revisión en profundidad, relativa a aspectos centrales de la configuración del Estado, como las autonomías o el corporativismo.

Cuarto, la reforma laboral ha sido tímida en muchos extremos, en los que nos sigue dejando a la cola de Europa. Otras medidas, como el Decreto de protección de deudores, no protege a los necesitados pero sí pone en peligro sus posibilidades de contratar en el futuro.

P: ¿Qué valoración general hace de la reforma laboral del Gobierno popular? ¿Cuáles son sus puntos fuertes y débiles?

R: El punto fuerte de la reforma es que aumentará la competencia, al facilitar la negociación colectiva a escala de empresa y un mayor ajuste de las condiciones de trabajo a las circunstancias imperantes en el mercado.

Son bienvenidos los convenios de empresa, pues éstas podrán adaptarlos a su actividad, adoptar estructuras organizativas diferentes y competir en esas diferencias. Pero su tramitación sigue siendo una pesadilla corporativa, prohibitivamente costosa para Pymes. Para éstas, sería muy útil el "descuelgue" del convenio sectorial, pero la decidirá un árbitro, por lo que no es de esperar un gran cambio.

Por cierto, si las empresas podrán ahora descolgarse del convenio, ¿por qué los parados no podrán, a su vez, descolgarse de una ley laboral que sólo protege a los trabajadores "colocados"? También es positivo que los convenios vencidos decaigan a los dos años. Pero dos años es una "ultraactividad" excesiva para convenios que suelen tener una vigencia de tres años.

El principal punto débil es, junto con las notables incertidumbres que pesan sobre su efectividad, que ni siquiera nos sitúa en la media europea, cuando lo que necesitamos sería cobrar ventaja respecto a Europa. La reforma se sitúa a medio camino entre la situación previa española y la europea. Además, pese a ser una reforma vasta, peca de poco profunda, sobre todo en relación con el coste social y político que comporta.

P: Desde distintos foros se critica la reforma con el argumento de que "por sí misma no creará empleo". ¿Qué piensa de esta crítica?

R: Quienes crean empleo son los que contratan (tanto empresarios como trabajadores), no el Gobierno mediante las leyes. Una reforma de este tipo no debe aspirar a crear empleo, y ésta no es solo una distinción semántica: hablar de que el empresario crea empleo da pie a regular la relación laboral, como si ésta no fuera fruto de la libertad contractual de las dos partes.

Las leyes siguen basadas en la creencia de que el trabajador no tiene otra opción que aceptar el trato que le ofrezca el patrón. Se trata del mito más dañino de los muchos que frenan el desarrollo de la sociedad española.

Sería suficiente con que las leyes laborales dejasen de incentivar la destrucción de empleo, que es lo que han hecho las leyes vigentes desde 1937. Sobre todo, han favorecido que el desempleo estructural sea muy elevado (en el momento de mayor crecimiento rondaba el 9 ó 10%); y un ajuste en la cantidad de empleo -vía despidos y cierres de empresas- antes que en precio -vía menores salarios-. La reforma intenta modificar las restricciones a este respecto, aunque hoy por hoy es difícil estimar en qué medida pueda conseguirlo. Además, por desgracia, una gran parte del ajuste ya se ha producido, vía reducciones de empleo, entre 2008 y 2011.

P: Entonces, ¿era ya demasiado tarde para realizar estas medidas?

R: Aunque lleguen tarde, bienvenidas sean, medidas como el ERE sin autorización previa y el descuelgue de convenio. Es mejor un ajuste rápido y claro que agónico. Son menos las rentas a capturar en el proceso de ajuste. Además, la amenaza del ERE sin autorización previa puede flexibilizar la maraña de dificultades corporativas que aún se mantienen en pie tras la reforma.

Igualmente, en otro ámbito, es también positiva la introducción de los ERE públicos si posibilitan cerrar organismos (incluidos centros universitarios): la Administración necesita empezar a ajustar cantidades (cerrando centros y organismos, y reduciendo su empleo con rapidez) en vez de salarios, lo que reduce la dedicación y la calidad, y es especialmente perjudicial en organismos que deben primar la excelencia.

P: ¿Por qué la legislación laboral vigente, según usted, incentiva la destrucción de empleo?

R: La ley impone unas condiciones de todo tipo muy beneficiosas para el trabajador. A todos aquellos trabajadores que, dentro de esas condiciones, producen menos de lo que cuestan al empleador les resulta imposible encontrar empleo, pues nadie quiere contratarles. El legislador se olvida, simplemente, de que dos no contratan si uno no quiere; y, cuando lo recuerda, sólo se le ocurre introducir subvenciones para contratos específicos (jóvenes, mujeres, etc.).

Pero el legislador no es tonto. Por el contrario, con esa estrategia, gana doblemente: al crear el problema y al pretender resolverlo. Le resulta beneficioso porque, cuando promulga derechos, redistribuye riqueza a los que tienen empleo; y cuando da subvenciones, produce la impresión de que hace algo para resolver el problema que él mismo ha creado. Además, genera empleos inútiles dedicados no sólo a gestionar todo el proceso de inspección y subvención, sino también a promover cursos de formación a parados, una excusa perfecta para repartir subvenciones entre sus amigos.

P: ¿Se atrevería a vaticinar los efectos de la reforma sobre la creación de empleo en el corto plazo?

R: Se tiende a creer que estos efectos dependen de si domina el menor coste del despido o la mayor, pero incierta, flexibilidad y la mejora marginal que produzca la mayor libertad contractual. En todo caso, será un efecto pequeño comparado con otros factores como el crédito o la evolución de la economía europea.

Muchos otros de sus efectos dependen del desarrollo reglamentario y jurisprudencial de la norma: es el caso de los ERE sin autorización, la competencia con sindicatos en formación y los convenios de empresa. La prolijidad de la reforma causará litigación y proporciona a unos jueces a menudo parciales excusas para anularla (ejemplo, la modificación de condiciones).

Sería deseable una revisión parlamentaria y que el reglamento clarifique la ley para evitar litigación y asegurar su efectividad. Más en profundidad, debería plantearse una reforma radical de la jurisdicción laboral.

P: ¿Y sus efectos sobre otras variables macroeconómicas?

R: Se quejan de que la reforma hará bajar los salarios. Como digo, dependerá de su efectividad, que es dudosa. Pero en todo caso, esa "devaluación interna" consistente en reducir salarios y rentas, es imprescindible para seguir en el euro. Su alternativa es la salida del euro y la consiguiente devaluación convencional de la nueva peseta que lo vendría a sustituir en España.

Las restricciones legales dificultan que se ajusten los salarios y condiciones laborales a los cambios en el entorno económico de las empresas. Además, distribuyen esos ajustes de forma muy poco equitativa. La retribución del empresario, el beneficio, ha caído hasta el punto en que muchas empresas se han visto condenadas al cierre. Tras cerrar la empresa, también caen los ingresos de sus trabajadores. En muchos casos, reducir los salarios hubiera evitado el cierre. La reforma debería facilitar que esa decisión entre cerrar o modificar condiciones laborales sea más racional, que haya más flexibilidad.

Asimismo, han caído los ingresos de los trabajadores temporales, pues son los primeros en ser despedidos y si encuentran otro empleo es a menudo a menor salario; así como incluso el salario de los funcionarios. El ajuste salarial también ha sido injusto en la medida en que, por un lado, los trabajadores fijos han quedado relativamente al margen, al menos hasta que sus empresas entran en crisis. Es más, incluso, cuando les despiden, reciben una indemnización desproporcionada a la de los trabajadores temporales.

P: Entremos en harina con los sindicatos: ¿por qué su enfado con la reforma laboral y la organización de la huelga general?

R: En mi opinión, la representación sindical debería estar sometida a la voluntad de los trabajadores libremente expresada en cada empresa. El régimen actual, representación obligatoria, es una carga para la mayoría de trabajadores, que beneficia sólo a aquellos mejor colocados y, por supuesto, a los propios representantes sindicales.

Los sindicatos están especialmente molestos con los aspectos menos espectaculares de la reforma como es el que, al menos en teoría, ya no tengan monopolio (junto con la patronal) para acceder a las subvenciones dedicadas a formar parados; o el que los ERE pasen a ser automáticos, lo que reduce su poder y con él su posibilidad de ganar todo tipo de compensaciones encubiertas; o que, al facilitar los convenios de empresa, la reforma aumenta la competencia entre empresas, lo que hace a los representantes empresariales menos proclives a conceder ventajas a los trabajadores e incrementa la amenaza que suponen las empresas pequeñas para las empresas grandes, en las que los sindicatos tienen más fuerza.

Quizá también estén molestos con que la excepción que disfrutaban los sindicalistas de no perder su empleo en un ERE ahora se podrá extender a otros trabajadores. En principio, ya es discutible que los sindicalistas deban tener prioridad para permanecer en la empresa en casos de despido. La reforma permite extender esta prioridad a los trabajadores con cargas familiares, los mayores de cierta edad o las personas con discapacidad, pero sólo si así se establece en el convenio o en el acuerdo alcanzado durante el período de consultas. Será interesante comprobar si nuestros sindicatos utilizan, o no, este nuevo derecho.

P: ¿Qué les diría a los sindicatos en relación a la reforma?

R: La comparación internacional demuestra que la reforma es blanda con los sindicatos y que mantiene las restricciones contractuales a niveles que no tienen parangón en países vecinos. Por ello, la reforma es insuficiente. Por ejemplo, las indemnizaciones por despido siguen siendo muy superiores a las que rigen en los países europeos a los que queremos parecernos.

Los sindicatos se oponen a ésta y a cualquier reforma porque gozan de una situación de privilegio con la actual situación. Por eso, han bloqueado la reforma durante 40 años. Pese a ser muy poco representativos, se les ha tratado como representantes de los trabajadores; cuando en realidad sólo representan a los "colocados": los rentistas laborales que han tenido la suerte de conseguir un empleo retribuido por encima de lo que producen, generalmente en grandes empresas y en el sector público.

Pese a ello, están presentes en todo tipo de foro (desde la negociación colectiva a numerosos organismos públicos) arrogándose una representatividad de la que de hecho carecen. Además de recibir todo tipo de subvenciones, obtienen un beneficio directo del sistema de formación de desempleados. Es más, incluso se benefician económicamente del proceso de ajuste ante la crisis, mediante las comisiones que cobran a los trabajadores para negociar las reestructuraciones y ERE.