Más Recortes

Respecto a la manifestación de ayer, señala que "menos mal que fue el fracaso más absoluto, no fueron ni los liberados. Los sindicatos son una gente que no representa a los españoles". ● Aguirre pide disculpas por llamar 'gamberros' a quienes se manifestaron ayer en Sol La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha dicho hoy que si alguna queja tiene del Gobierno de Mariano Rajoy "es que no se recorta lo suficiente y que las reformas van algo lentas, no desde luego todo lo contrario". En una entrevista en la COPE, la presidenta madrileña ha defendido que "la única manera" que tiene España de salir de la situación "tremenda" en la que está son las reformas y el recorte de gastos, y no "proyectar a los mercados una imagen a la griega de contenedores quemados, de algarada callejera". "Menos mal que la manifestación de ayer fue el fracaso más absoluto", ha declarado Aguirre, que ha añadido que "no fueron ni los liberados" y ha comentado que los sindicatos "son una gente que no representa a los españoles". Aunque ha dicho que "de ninguna manera" va a criticar al Gobierno, ha indicado que "personalmente" cree "que las cosas hay que explicarlas y hay que dedicar tanto tiempo a explicarlas como a hacerlas", "sobre todo -ha subrayado- si la medicina es amarga". Más aún, aprovechando este comentario ha opinado que "sería más convenente dar la medicina de golpe y no tan espaciada". También ha manifestado que el Gobierno debería quitar a las comunidades la obligación que tienen por ley de "gastar en cosas que no son esenciales". En este apartado ha mencionado como ejemplos "las medicinas de Botín" y "los máster (en la universidad pública) a los hijos de las familias más pudientes". Respecto a la sanidad, ha señalado que "tiene que ser universal y gratuita y de calidad", pero ha defendido "el pago de algunas medicinas" y ha dicho que el "turismo sanitario" no puede estar sufragado por la administración. En este sentido, ha destacado que en Madrid hay "más tarjetas sanitarias que habitantes". Preguntada por su amenaza de "insumisión" por no poder contratar profesores de inglés nativos, ha aclarado que "eso fue una expresión", ha culpado a los sindicatos y ha revelado que se lo he transmitido "al ministro" y éste le ha "prometido que lo va a arreglar".

En cataluña sobran 1.500 cargos

Sólo en Cataluña hay 1.200 cargos políticos prescindibles. Así lo denuncia el presidente de Ciutadans, Albert Rivera. En concreto, según los documentos que maneja esta formación, sólo los cargos políticos de los consejos comarcales llegan a 1.010. A ellos habría que sumar los cargos de confianza del Gobierno, que se sitúan alrededor de 130, y los de las Diputaciones (en la de Barcelona hay una cincuentena de cargos de confianza, sin contar a los representantes de las formaciones políticas). En total, casi 1.200 cargos de confianza que gravan severamente las arcas públicas. “Dejen de decir que las Diputaciones son la línea roja. Lo que han de hacer es reformar la Administración pública. Nosotros queremos debatir las duplicidades políticas y no aceptamos que nos den lecciones los culpables de la actual situación, los que convierten un Estado descentralizado en un Estado fragmentado al servicio de partidos políticos y no de los ciudadanos”, explicó el presidente de C’s. Los 1.200 cargos políticos citados, no obstante,se pueden quedar muy cortos si a ellos se les añaden los asesores municipales, cuyo número se desconoce, y los asesores de empresas públicas. “Los directivos o asesores de empresas no figuran en los presupuestos, por lo que no podemos detectar cuántos hay en estos momentos. De todos modos, preguntaremos al Gobierno sobre el tema y esperamos que nos facilite la información”, dice a El Confidencial Jordi Cañas, portavoz y diputado de Ciutadans. Los consejos comarcales son una estructura política creada por el Gobierno de Jordi Pujol para hacer frente a la hegemonía socialista en los Ayuntamientos. Como las corporaciones locales estaban en manos de la izquierda, aprovechó para instaurar un contrapoder local a caballo entre las Diputaciones y los Ayuntamientos. Así, creó 41 consejos comarcales, correspondientes a otras tantas comarcas. Y ese poder local se ha ido afianzando hasta el punto de que a estos consejos se destinan anualmente 556 millones de euros, al margen del dinero que corresponde a Ayuntamientos o Diputaciones. En la comunidad, pues, coexisten cinco niveles de administración con competencias poco delimitadas: Gobierno central, Gobierno autonómico, Diputaciones, consejos comarcales y ayuntamientos. La situación se agrava en el área de Barcelona, donde a todas esas capas administrativas se suma una sexta: el Área Metropolitana de Barcelona. ”Y menos mal que se paralizó la creación de las veguerías [ente supracomarcal que, en principio, debería sustituir a las provincias]”, añade el portavoz de Ciutadans. Para Cañas, “cuanto más gasto en infraestructuras, menos dinero hay para destinar a recursos. Lo que pasa es que esas administraciones son utilizadas por los partidos como cementerio de elefantes o como chiringuito para colocar a los suyos”. Suprimir Diputaciones y consejos comarcales “Es inconcebible que haya hasta tres niveles de administración con las mismas competencias. Se triplican las funciones, se triplican los sueldos y se triplican los presupuestos. Lo que queremos nosotros es que cada uno delos niveles tenga sus competencias”, señala Jordi Cañas. Uno de los casos más paradigmáticos de la multiplicidad de competencias es el de la Vivienda, donde interviene el Gobierno central, el Gobierno autonómico, las Diputaciones, los consejos comarcales y los Ayuntamientos. O turismo, donde ocurre algo parecido. Incluso bienestar social. Pero también en infraestructuras, educación o salud. “Hay que reflexionar y suprimir lo que está duplicado o triplicado. C’s ha pedido la supresión de las Diputaciones y de los consejos comarcales. ¿Que han de mantenerse las Diputaciones como división electoral? De acuerdo, pero hay que racionalizar sus competencias. Y en el caso de la salud, por ejemplo, ¿por qué siguen funcionando los institutos municipales de salud? Se crearon en un momento en que no había quien prestase ese servicio, pero hoy deberían traspasarse sus competencias a la Consejería correspondiente. Lo mismo ocurre con el tema cultural y las Diputaciones. O con el transporte escolar y los consejos comarcales. Ahora ya hay un Gobierno autonómico que tiene competencias en esas materias y no tiene porqué haber otros organismos realizando las mismas funciones”, explica Cañas. Ciutadans presentó una propuesta de resolución el pasado día 11 para racionalizar la Administración, pero se encontró con el voto en contra de todos los demás partidos. La formación que lidera Rivera también propuso dos veces, esta legislatura, la creación de una comisión parlamentaria para estudiar las duplicidades. En primera ronda, votaron en contra CiU y ERC, mientras que PSC y PP se abstuvieron. En la segunda, todos votaron en contra. “No deja de ser paradójico que en el País Vasco y Madrid fueron precisamente PP y PSOE quienes impulsaron la creación de una comisión similar”, se queja Cañas. El PP presentó también ayer una proposición de ley para reducir las agencias públicas. Convergència i Unió (CiU), sin embargo, presentó una enmienda a la totalidad a esta proposición de simplificación del sector público y acabó ganando la mano a los populares. ¿El motivo? El gobierno catalán ya trabaja en esa dirección después de haber aprobado las leyes ómnibus, precisamente con el apoyo del PP. El resto de partidos no se sumó a la iniciativa popular por el mismo motivo: la reducción de agencias debería haberse especificado, si así lo quería el Partido Popular, en las leyes ómnibus, aunque también criticaron a éste por pretender “privatizar” la Administración pública.

Reformas al Código Penal

Más de una docena de reformas de artículos del Código Penal ha puesto en marcha el Partido Popular durante sus primeros 100 días en el Gobierno. La batería de modificaciones legales propuestas aumenta casi cada semana. Primero fueron las faltas y los delitos relacionados con la multirreincidencia los que se iban a reformar, según anunció a mediados de marzo el ministro del Interior, Jorge Fernández, en el Senado. Ese mismo día también dijo que se penaría con más severidad la desobediencia contra la autoridad y sus agentes, una medida que parecía directamente relacionada con los altercados y las cargas policiales de Valencia en febrero durante las manifestaciones en torno al instituto Lluís Vives. MÁS INFORMACIÓN Opinión | La huelga mundial, por Lluís Bassets El Gobierno castigará con más dureza la desobediencia a la autoridad Rajoy sobre Valencia: "No podemos dar esta imagen de nuestro país" Interior pretende endurecer las penas por vandalismo antes de fin de año Después, tras los actos de vandalismo en Barcelona durante la huelga del 29 de marzo, se anunció que se endurecerían las sanciones para la violencia callejera equiparándolo con la legislación antiterrorista sobre la kale borroka. Y la última medida de este tipo ha sido la propuesta del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de endurecer las sanciones a pirómanos tras el incendio de Galicia, recomendación que hizo aún antes de tener la certeza de si el fuego había sido provocado o no. Algunos partidos de la oposición —IU, ICV y ERC— y asociaciones progresistas de jueces y fiscales han acusado al Gobierno de legislar “a golpe de ocasión”, sin tener una idea clara de qué es lo que se quiere hacer, por qué y cuáles serán las consecuencias criminológicas de esta decisión. El Ejecutivo, por su parte, asegura tener las ideas muy claras y defiende a capa y espada que las reformas son necesarias. Lo más urgente para el Ejecutivo es reforzar la defensa del orden público “Estas modificaciones legales, la lucha contra la multirreincidencia y el vandalismo, estaban ya incluidas en el programa electoral del PP”, defiende el secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, exfiscal, exmagistrado y exletrado del Tribunal Constitucional. “Pero, además, también es una necesidad que responde a una realidad que se impone. Para eso está el Gobierno, para reaccionar frente a los problemas. Eso no es legislar a golpe de ocasión sino ofrecer soluciones, y en esa línea estamos trabajando con el Ministerio de Justicia”. Cuando se lleve a cabo, será la reforma número 28 del Código Penal de 1995 —la última modificación es muy reciente, de 2010—. Los críticos aseguran que todos los Gobiernos, este y los anteriores, ceden a la tentación de echar mano del Código Penal cada vez que hay cualquier problema, y que esa forma de legislar ha provocado que las cárceles estén a rebosar. España tiene la mayor tasa de presos de toda Europa occidental. La estancia media en prisión de los reclusos españoles, de 18 meses, está entre las más altas de toda Europa y se ha duplicado desde 1996 —era entonces de nueve meses—. Todo ello a pesar de que los índices de criminalidad están, por el momento, entre los más bajos. “En todo caso”, responde el secretario de Estado de Seguridad, “no hay que olvidar que el tratamiento penitenciario español está entre los más avanzados de Europa. Y, por otro lado, lo que planteamos con la necesidad de reformar la ley no es meter más gente en la cárcel porque sí, sino responder a tipos de criminalidad para los que en estos momentos no existe una respuesta eficaz que la ciudadanía está demandando”. La tasa de reclusos en España es la más alta de Europa occidental ¿Cuáles son estos tipos de criminalidad? Aparte de la propuesta de la Xunta sobre los incendios forestales, que parece obedecer directamente al reciente incendio, el plan de Interior —que trabaja con el Ministerio de Justicia en una comisión bilateral en la que, entre otros, están los secretarios de Estado de ambos departamentos—, gira en torno a dos bloques: la lucha contra la multirreincidencia y el endurecimiento de las penas relacionadas con el mantenimiento del orden público. La tramitación de ambas reformas se va a separar en el tiempo, según indica Ulloa, porque el Gobierno quiere dar cierta urgencia a la lucha contra los delitos de resistencia a la autoridad y el vandalismo. La idea del Ejecutivo es tener el primer proyecto de ley orgánica listo antes del verano y esperar un poco más para la otra parte de la modificación del código, relacionada con la multirreincidencia. Los índices de criminalidad, sin embargo, son de los más bajos “Las razones que según el Gobierno justifican las reformas penales se apoyan en fundamentos subjetivos”, opina Julián Ríos, profesor de Derecho Penal y Penitenciario de la Universidad Pontificia de Comillas. “Sensaciones, percepciones, impresiones, son las palabras que más se repiten en las comparecencias y declaraciones de los ministros del Interior y de Justicia, sin que ninguno aporte datos constatables empíricamente. Si acudimos a los últimos datos estadísticos referidos a 2010, de la Memoria de la Fiscalía del Estado, se verifica que la evolución cuantitativa de los asuntos penales en los que intervino el Ministerio Público ‘revela un resultado extraordinariamente positivo, derivado de una importante disminución en el número de causas iniciadas en relación con las registradas por iguales conceptos en 2009’, según consta en el texto. Nuestra tasa de criminalidad es baja y tiene índices menguantes y la sensación de inseguridad ciudadana tiene más que ver con un mensaje amplificado por determinados medios de comunicación de hechos puntuales que con un aumento real de la inseguridad”. “Nuestra intención no es en ningún caso acudir a la ley penal como primera respuesta”, afirma por su parte el secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa. “La respuesta penal tiene que ser la mínima y última. Pero hay conductas reprobables que ahora no tienen un adecuado enfoque. Y cuando se detecta un agujero o fisura legal hay que ofrecer una solución”

El Mundo mira a España con inquietud

El mundo mira a España con inquietud
Por primera vez desde el verano pasado, el mercado valora los bonos italianos mejor que los españoles

Gino Bartali y Fausto Coppi. Para quien no los conociera, son dos mitos del ciclismo. Italia, tras las ruinas de la Segunda Guerra Mundial, se dividió en dos bandos opuestos. El primero era el símbolo del país católico, de orígenes campesinas, amante del vino y de los cigarrillos. El segundo encarnaba el campeón elegante y moderno, agnóstico y con una relación extraconyugal. A veces ganaba el uno, a veces el otro. Una rivalidad deportiva que hizo historia.

Cuando hace unos días el primer ministro italiano, Mario Monti, expresó su "preocupación" sobre la economía española, el ministro de Políticas Comunitarias, Enzo Moavero, al referirse a la comparación entre Italia y España, intentó quitar hierro a esta pelea político-financiera. "¡Esto no es como Coppi y Bartali!". Pero, siguiendo la metáfora, la carrera, en estos momentos, parece más cuesta arriba para Madrid, tras una fuga de varios kilómetros.

Después del 2011, cuando los bonos españoles gozaban en los mercados de una mayor confianza que los bonos italianos, ahora es al revés. Por primera vez desde agosto, el 5 de marzo el spread ibérico respecto al bund alemán volvió a superar el italiano.

Los datos hablan claro. La riqueza privada de las familias españolas es la mitad que la de las familias italianas. La tasa de paro es el doble. El déficit público, cuatro veces superior. Los sueldos, más bajos. En Italia, los observadores destacan que mientras las grandes empresas españolas como el banco Santander, Telefónica y Zara son tan globales que obtienen beneficios, las pymes, en cambio, son débiles, poco competitivas en el extranjero y no consiguen liderar una recuperación.

Mario Monti citó a España y a sus dificultades también para reivindicar la bondad de sus propias reformas, que está tratando de llevar a cabo estas semanas. Y siguiendo esta línea de recuperación del orgullo patriótico-económico, los medios italianos se están tomando la revancha, después de que Italia parecía condenada, hasta hace unos meses a ser el patito feo de Europa. "España, de estudiante modélico, ha pasado a ser un asno. Hubo un tiempo en que José Luis Rodríguez Zapatero se jactaba de que la renta per cápita española superaría la italiana. Pero el motor inmobiliario, que debería haber convertido España en la Florida de Europa, ha estallado. En sus primeros cien días, aparentemente Rajoy ha llevado a cabo reformas importantes: la del sistema financiero, la del vínculo presupuestario y la del mercado laboral, esta última más severa y liberal que la que se está elaborando en nuestro país. Pero el Gobierno de Madrid maneja una mezcla explosiva: los ingresos fiscales bajan por efecto de la recesión y hay que gastar 55.000 millones de euros menos cada año de aquí al 2013. Alguien en Bruselas duda de la capacidad del Gobierno central de hacer recaer el coste político de los recortes en las administraciones periféricas. Porque demasiado abrupta ha sido la caída de la economía y demasiado oneroso parece, hoy en día, el sistema autonómico", escribía el Corriere della Sera.

A su vez, el diario La Repubblica comentaba esta semana: "En el 2011, mientras la agenda estaba dominada por el bunga-bunga de Berlusconi, Madrid parecía el paraíso. Zapatero aprobaba una política de austeridad, recortando pensiones, salarios públicos, cheques bebés y fijaba el déficit cero en la Constitución. Pero ahora España es el nuevo anillo débil del euro. Rajoy ha reformado con decisión el mercado laboral, pero ha dudado en el momento de recortar gastos. La deuda pública no es muy elevada, al situarse en el 66% del PIB, pero ya hay quien pronostica una próxima llegada a al 100%. No será un camino fácil. Las autonomías se resisten a intervenir con tijeras en sanidad y educación. La luna de miel de Rajoy con los electores se ha acabado. El camino para España está todo cuesta arriba".

En el mundo económico italiano, España empieza a despertar algo inquietud. Un empresario milanés con negocios desde hace muchos años en la Comunidad Valenciana hacía el siguiente análisis. "Yo creo que España vive una crisis muy seria. Para que se tenga una idea, hace poco ¡me robaron los cables de cobre en mis instalaciones! Algo que nunca me había pasado antes. Y la última vez que fui allí, los restaurantes estaban vacíos y el camarero, con cara apenada, insistió en hacerme descuento en el menú". Lapo Elkann, heredero de la familia Agnelli que controla Fiat, empresario y defensor del made in Italy, es más cauto y reconoce que "España aún arrastra los excesos de la burbuja inmobiliaria. Pero creo que en algunos sectores, como el turismo, el país ha demostrado estos años tener mucha habilidad para promocionarse y creo que, en comparación, los italianos deberíamos espabilarnos".

¿En qué quedamos? En Milán, estos días en Via della Spiga, en el cuadrilátero de la moda, la tienda de Tiffany estaba repleta de gente. Y en los restaurantes de moda, un martes por la noche, la gente hacía cola por la calle para encontrar mesas. Es la hora de Coppi... ¿o de Bartali?