El Chollo de los Políticos y la ruina de los españoles

En el artículo anterior dábamos los datos de la ingente cantidad de entes de todo tipo (organismos autónomos, agencias, fundaciones, empresas,...) que dependen de las distintas administraciones.

En concreto, comentábamos que el total de entes que cada administración controla o en los que participa son:

• Estado: 1.096 entes
• Autonomías: 2.338 entes
• Municipios: 5.460 entes

¿Pero cuánto dinero y cuántas personas representa esto?

El tamaño del entramado público estatal

Resulta difícil determinar con precisión el número de personas empleadas en los distintos entes dependientes de las administraciones autonómicas y locales, porque los datos existentes son enormemente fragmentarios, pero sí que disponemos de información para calcular con bastante fidelidad el número de empleados de los entes que dependen del Estado.

 

La tabla siguiente muestra el número de empleados de cada ente dependiente del Estado (datos a 31/12/2010)
 

NOMBRE DEL ENTE	TIPO DEL ENTE	NÚMERO DE EMPLEADOS
ACTIVA MUTUA	MUTUA	800
AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO	AGENCIA ESTATAL	1116
AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS	AGENCIA ESTATAL	461
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS	OTRAS ENTIDADES	156
AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN	ORGANISMO AUTÓNOMO	263
AGENCIA ESTATAL ANTIDOPAJE	AGENCIA ESTATAL	60

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Como vemos, los entes de todo tipo directamente controlados por el Estado contaban, al finalizar el año 2010, con más de 330.000 empleados.

Hay que resaltar que de esta lista están excluidos todos los consorcios, fundaciones y empresas en los que el estado participa, pero en los que: 1) su participación es minoritaria y 2) el consorcio, fundación o empresa correspondiente no forma parte de ninguno de los grupos empresariales dependientes del estado, por lo que no se consolidan sus datos dentro de ninguno de esos grupos.

En consecuencia, el número de personas que trabajan para los entes participados por el Estado es, en realidad, superior a esa cifra de 330.000. Hay que destacar también que no estamos hablando de jueces, ni de militares, ni de policías. Tampoco hablamos (con alguna salvedad menor, como por ejemplo los casi 3000 empleados de la UNED) de profesores o médicos. Es verdad que una parte de esos 330.000 empleados son funcionarios, sobre todo en organismos autónomos o agencias, pero la mayor parte (al menos dos tercios) no lo son.

El grueso de esos 330.000 trabajadores lo componen empleados de los distintos grupos empresariales dependientes del Estado, como Aena, Renfe, Adif, Correos o las distintas sociedades participadas por la SEPI. En conjunto, esos grupos empresariales contaban, a finales de 2010, con unos activos próximos a los 170.000 millones de euros.

El tamaño de los entramados públicos autonómicos y locales

Como decíamos, los datos existentes para los entramados autonómicos y locales son mucho más fragmentarios, por lo que no podemos compilar de manera sencilla una tabla similar a la existente para el entramado estatal.

Sabemos, por ejemplo, que el capital social total de las más de 1.600 empresas controladas por losayuntamientos supera los 4.200 millones de euros, y que el de las más de 600 empresascontroladas por las autonomías supera los 9.600 millones de euros. Pero lo que no conocemos es el número total de empleados de los entes autonómicos y locales.

Nos vemos obligados, por tanto, a recurrir a las extrapolaciones. El mapa siguiente muestra la distribución porcentual por autonomías de los más de 2.300 entes autonómicos existentes:
 

Conocemos los datos concretos de una de esas comunidades, Valencia, gracias a la información publicada en la prensa regional hace unos meses. Los entes dependientes de la Comunidad Valenciana contaban a finales del pasado año con 12.000 empleados y representaban unos gastos de 2.500 millones de euros. Para comprobar si esos cálculos de la prensa regional valenciana eran razonables hemos procedido a computar el número de empleados de las sociedades mercantiles dependientes de la Comunidad Valenciana. Las cifras de los últimos ejercicios para los que disponemos de datos arrojan un total de 4.967 empleados, lo que permite colegir que 12.000 es un número de empleados razonable para el conjunto de los entes dependientes de esa comunidad.

Por cierto, las pérdidas totales para esas empresas dependientes de la Comunidad Valenciana superaban los 400 millones de euros anuales; pérdidas a las que habría que sumar las subvenciones y aportaciones de capital que la comunidad realizara a esas empresas. Estos datos son anteriores al fuerte recorte iniciado por el Gobierno de Alberto Fabra en 2012, en el que, entre otros, se incluye el tijeretazo a la televisión autonómica, con un ERE que afetactará a 1.200 trabajadores, más de la mitad de la plantilla. 

Tomando como base los datos de Valencia, y si el gasto medio y el número medio de empleados por ente son razonablemente homogéneos entre autonomías, estaríamos hablando para el total del entramado autonómico de unos 180.000 empleados y aproximadamente 37.500 millones de euros de gastos. Y a eso habría que sumarle los empleados de los miles de entes dependientes de los ayuntamientos, para los cuales carecemos de datos medianamente aprovechables.

La superestructura política

Los números que estamos proporcionando solo incluyen a los trabajadores de los entes dependientes de las administraciones públicas, es decir, a las personas que tienen una relación de carácter laboral con esos entes.

Entre esos trabajadores hay, por supuesto, cargos de libre designación política, liberados y asesores de todo tipo, lo que proporciona a los partidos, sindicatos y organizaciones patronales la posibilidad de colocar a varios miles de personas afines. Pero además, y por encima de esa estructura laboral, hay una superestructura política, compuesta por consejos de administración y patronatos de fundaciones e instituciones, que en muchos casos supone un considerable gasto en términos de sueldos, dietas y otros complementos.

En próximas entregas abordaremos precisamente esa cuestión, la del tamaño de esa superestructura política, pero baste como aperitivo echar un vistazo al tamaño de los patronatos de las fundaciones dependientes de la Comunidad Valenciana, que con razón acaba de embarcarse recientemente en unproceso de reducción de su entramado fundacional. Ignoramos si la pertenencia a los patronatos de estas fundaciones lleva aparejada algún tipo de compensación económica, en forma de sueldos o dietas de asistencia; proporcionamos el dato simplemente como indicación del tamaño de esas fundaciones y como ilustración (bastante llamativa) del grandísimo número de puestos de libre designación existentes en los órganos de gobierno de muchos entes del sector público.

 

En la tabla siguiente se indica el nombre de cada una de las fundaciones en las que participa la Comunidad Valenciana, junto con el número de miembros que componen el patronato de cada fundación:

El ESTADO S.A.

Publicamos hoy en Libertad Digital la segunda parte de la serie de artículos "Estado SA", en la que estamos analizando el tamaño del sector público español.

La semana pasada veíamos que España tiene, en estos momentos, 1096 entes de todo tipo (organismos autónomos, empresas, fundaciones, ...) dependientes de la Administración central, 2338 entes dependientes de las CCAA y 5460 entes dependientes de los ayuntamientos.

Esta semana hemos querido centrarnos en el número de empleados públicos que supone el entramado controlado por el Estado central, para lo cual hemos ido recopilando uno por uno el número de trabajadores con que cuenta cada ente.

En la página de Libertad Digital tienen ustedes la lista completa, grupo empresarial por grupo empresarial, fundación por fundación, agencia por agencia... En total, hay más de 330.000 personas que trabajan para uno u otro ente que depende del Estado y que se añaden a la ingente cantidad de profesores, de médicos, de jueces, de militares, de policías, de guardias civiles y de funcionarios de todo tipo que ya existen.

Muchas de esas 330.000 personas trabajan para alguno de los grandes grupos empresariales dependientes del Estado, como Renfe, Aena, la SEPI o Correos. Otra parte importante trabaja para organismos autónomos o agencias de la Administración cuyo carácter necesario nadie discute, como la Agencia Tributaria o el CSIC.

Pero otros muchos miles de esos trabajadores pertenecen a una larga lista de entes perfectamente inútiles que tan solo sirven para incrementar el gasto público y colocar a todo tipo de personas en puestos pagados por todos los españoles.

Si repasan ustedes la lista que proporcionamos, verán, por ejemplo, que más de 400 personas trabajan en ese engendro llamado "Fundación tripartita para la formación y el empleo", que no es otra cosa que el chiringuito montado entre la patronal, los sindicatos oficialistas y la administración para el tejemaneje de unos cursos de formación que a ningún parado le sirven de ayuda.

O verán también que más de 1000 personas están en nómina de una variopinta serie de comisiones encargadas de regular los mercados - como la Comisión Nacional de la Energía, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones o la Comisión Nacional de la Competencia - cuya inutilidad salta a la vista sin más que ver las continuas intromisiones del poder político en las actividades empresariales de tantos sectores, intromisiones que en vez de garantizar la competencia, la impiden.

O verán también cómo, en un país donde le regateamos los subsidios a los parados de larga duración, nos dedicamos a mantener organismos como el Consejo de la Juventud, el Instituto de la Juventud, el Instituto de la Mujer o la Fundación Pluralismo y Convivencia, que no pasan de ser órganos ideológicos en los que colocar correligionarios y a través de los cuales repartir subvenciones.

A esas 330.000 personas que trabajan para los entes dependientes de la administración hay que sumar en torno a 180.000 que lo hacen para los entes dependientes de las CCAA y un número indeterminado que están colocadas en los entes que dependen de los ayuntamientos. En total, nos vamos por encima del medio millón de personas.

Por supuesto, medio millón de trabajadores y varios millares de entes públicos dan para disponer de muchos miles de altos cargos de libre designación, de muchos miles de liberados sindicales y de muchos miles de puestos de trabajo que escapan a cualquier control - por ejemplo, dentro del entramado de fundaciones -, lo que permite colocar a parientes, amigos, amantes o correligionarios sin mayor problema. De hecho, siendo alto cargo de alguno de esos entes se gana bastante más dinero que como concejal o como diputado, lo que quiere decir que perder unas elecciones no tiene por qué ser nunca un drama, siempre que tu partido te encuentre un acomodo. Y oportunidades para encontrarlo, en esa maraña de entes, nunca faltan.

Solo en la parte autonómica, los gastos estimados de los entes de todo tipo dependientes de la administración ascienden a más de 35.000 millones de euros, un 75% más que el agujero de Bankia, lo que da idea de cuánta tijera podría meterse en los gastos del Estado antes de apretar más el cinturón a los ciudadanos.

Para colmo, en sucesivas entregas iremos mostrando cómo, por encima de esta marea de empleados públicos, hay una auténtica y elefantiásica superestructura política compuesta por consejos de administración y patronatos. Superestructura política que proporciona ingentes oportunidades adicionales de colocación y remuneración de los afines.

Les invito a entrar en la página de Libertad Digital y a echar un vistazo a la composición de ese sector público estatal. Después, háganse ustedes la pregunta del millón: ¿hay derecho a subir los impuestos a los españoles, a recortar prestaciones sociales, a reducir la paga extra a los funcionarios de carrera o a regatear los subsidios de desempleo, cuando toda esa inmensa catarata de mamandurrias continúa prácticamente incólume?

En Italia, el gobierno de Monti está embarcado en el proceso de reducir el número de regiones y ayuntamientos y ha puesto sobre la mesa propuestas imaginativas para atajar la mangancia, como por ejemplo limitar a solo tres el número de representantes del Estado en los consejos de administración de las empresas y organismos. De esos tres representantes del Estado, dos deben ser obligatoriamente funcionarios, que no cobrarían por participar en consejos de administración.

En Grecia, el gobierno de Samaras está estudiando implantar una ley para prohibir en la Administración la contratación de familiares en primer y segundo grado de los políticos.

¿Y en España? Pues en España, mientras tanto, el gobierno va dejando pasar los días sin meter mano en todo este inmenso patio de Monipodio, mientras nuestra deuda aumenta, nuestra credibilidad disminuye y el sufrimiento social se acrecienta.

Los mal pensados dirían que es que el Gobierno no tiene la más mínima intención de recortar, porque eso equivaldría a acabar con la agencia de colocación con la que los partidos políticos cuentan y que les sirve para mantener el control social.

Nosotros, que somos bien pensados, consideramos que lo que en realidad le pasa al Gobierno es que está preso de la misma indecisión que el asno de Buridán. Ya saben ustedes que el asno de Buridán tenía delante suyo un recipiente con comida y otro con agua, pero como tenía tanta hambre como sed, no supo decidirse acerca de por cuál de los recipientes empezar y acabó muriendo de sed y de hambre.

Quizá al gobierno de Rajoy le pasa lo mismo: tiene tantos recortes que hacer, que no es capaz de decidir por cuál empezar. Con lo cual, no empieza por ninguno.

Y así nos va.

La Solidaridad de los Españoles

Este año ha coincidido con la celebración de acontecimientos que han sido muy importantes en la historia de España. Es algo que me gusta especialmente porque el 12 es mi número favorito, aunque a estos efectos es una casualidad irrelevante. En el año 212, el emperador Carcalla extendió el derecho de ciudadanía a todo el Imperio Romano y por tanto benefició a todos los hispanos (que era como se nos conocía desde hacía siglos); en 1212, se produjo la decisiva batalla de las Navas de Tolosa (aunque algunos historiadores se empeñan ahora en introducir matizaciones sobre su relevancia, debe de ser por la influencia «andalusí» y la tontería de la coexistencia pacífica de las tres culturas); en 1412, el compromiso de Caspe convirtió a Fernando, infante de Castilla, en rey de Aragón (los nacionalistas catalanes dirían de la confederación catalano-aragonesa y lo de un infante castellano les provoca urticaria); en 1512, Navarra se incorporó a la monarquía hispana (eso de Euskadi no existía y lo que conocemos como el País Vasco era más castellano que Burgos y hacía siglos que formaba parte del Reino de Castilla), y, en 1912, Francia y España firmaron el tratado por el que se repartieron las zonas de influencia en Marruecos, que quedó dividido en dos protectorados –aunque el nuestro era más pequeño, ya que éramos una irrelevante potencia de segundo orden en el contexto internacional–. No obstante, el gran mito de este año ha sido la Constitución de 1812, que nació siendo un símbolo y nunca logró ser una realidad. Las naciones se nutren de mitos, unos más veraces y consistentes que otros pero son decisivos a la hora de configurar una identidad colectiva. En esos años se sentaron las bases de lo que sería nuestro convulso siglo XIX, abrieron el ciclo de guerras civiles que concluyó con la brutalidad del 36 al 39, otorgaron a los militares un enorme protagonismo, nació el periodismo político, la vida parlamentaria y la imposibilidad de ponernos de acuerdo, aunque algunos sigan creyendo equivocadamente que la Constitución de 1812 expresaba la voluntad de la soberanía nacional. Es una de esas inconsistencias históricas que consiguen carta de naturaleza. Lo que sí resulta importante es que nació el moderno patriotismo que ahora necesitamos para que España salga de la crisis más brutal desde los años de la posguerra.

Los españoles tenemos una tendencia irrefrenable a situarnos en posiciones extremas. Esto nos hace pasar de la bravuconería a la postración, de la euforia a la depresión. España ha sido fundamental en la historia del mundo. No sólo cuando éramos un gran imperio. El comienzo de curso se presenta muy difícil. Estamos convencidos de que tendremos un suspenso, nos rescatarán y viviremos una larga lista de noticias negativas de las que sólo el deporte parece estar excluido. Por ello, se necesita afrontar el nuevo escenario con un optimismo responsable y un patriotismo extremo. Es cierto que el Gobierno socialista lo dejó todo muy, pero que muy liado. Desde los temas económicos, con unos indicadores nefastos, hasta el despropósito de tener a los proetarras en las instituciones. No quiero olvidar la confusa, cara y muchas veces inoperante estructura de nuestro Estado, con tantos niveles administrativos, en la que el PSOE sólo es coparticipe del enredo, porque en él han colaborado activamente todos los partidos desde la Transición. Los buenos políticos y las grandes naciones emergen en los momentos complicados. No hay más que ver nuestra historia para comprobar que hemos atravesado con éxito situaciones muy duras. Nada impide que ahora lo consigamos. Es cierto que sufrimos a Merkel, que no es muy europeísta y sólo le preocupan dos cosas: el área de influencia alemana y sus elecciones. Alemania siempre ha mirado al este por proximidad y porque al otro lado ha tenido el tapón de Francia. Por tanto, los del sur quedamos lejos y aún más desde la caída del muro de Berlín. Lo de las elecciones es complicado, ya que la ayuda es impopular entre sus votantes. Rajoy tiene un reto difícil, pero son tiempos para corredores de fondo como él y no para velocistas

España a Revisar el Crecimiento

El 'Wall Street Journal' vaticina un rescate 'a la griega' para España

El periódico económico pide una agenda de crecimiento "muy agresiva" para recuperar la confianza de los inversores

Economía | 20/08/2012 - 17:39h

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Madrid. (EUROPA PRESS).- La editorialista de The Wall Street Journal Mary Anastasia O'Grady ha insinuado que si la tesitura económica actual se prolonga "mucho tiempo", cabe la posibilidad de que España se encuentre en riesgo de ser rescatada o ayudada mediante un paquete de medidas "similares" al aplicado en el país heleno con el propósito de evitar su quiebra.

En este sentido, O'Grady ha asegurado que España tendrá la oportunidad de comenzar a "respirar" cuando ofrezca "señales evidentes" de que se están acometiendo cambios estructurales serios, al tiempo que disponga de una agenda de crecimiento "muy agresiva" a partir de la cual los inversores puedan depositar su confianza y despejar así las dudas que se ciernen actualmente sobre la economía española, según indica en una entrevista a Cycprisma, la revista de Crédito y Caución, que recoge Europa Press.

Así, ante la situación de "urgencia" que a su parecer atraviesa España, la editorialista ha defendido la necesidad de que el Ejecutivo español apueste por "liberalizar el sector empresarial" de manera que los titulares de negocios encuentren atractivo arriesgarse, en contra de las medidas de extrema austeridad y recortes que viene aplicando el Gobierno y que, según matiza, no ayudan a encarar "la senda del crecimiento". "España puede recuperar todo el potencial que tenía, pero las reformas tienen que continuar profunda y seriamente", ha apostillado O'Grady.

En comparación con la situación actual que atraviesa Estados Unidos, marcada por las elecciones del próximo mes de noviembre, que enfrentarán a dos sistemas económicos diferentes, la editora de la columna semanal The Americas ha destacado que España también recorre un momento "crucial", dado que debe optar por un modelo ideológico que le lleve a ser un país moderno o, por el contrario, apostar por un modelo que le conduzca a un país "a la vieja usanza".

REBAJAR IMPUESTOS Y NO REDUCIR EMPLEOS PÚBLICOS

En cuanto a la política escogida por Europa para hacer frente a los problemas de liquidez en Grecia, la editorialista reconoce que "se cometió un error" cuando se trató de evitar su quiebra, así como la de otros países con un "insostenible" Producto Interior Bruto. "Hubiera sido más saludable hacer frente a la realidad en lugar de seguir arrastrando los problemas", ha remachado.

Para O'Grady, otros de los problemas que sufre el Viejo Continente es que en muchos países el crecimiento se encuentra "estancado", "una dinámica, dice, "con la que hay que acabar".

En el caso español, defiende que la solución pasa por rebajar la carga impositiva de las empresas en vez de reducir el número de empleos del sector público, cuyo volumen, a su juicio, "no está mal".

Además, ha instado al Ejecutivo que encabeza Mariano Rajoy a que deje de pensar en términos de recorte gastos para pagar la deuda ya que, apunta, "nunca va a ser suficie

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Un cambio Radical y Valiente

El 'Financial Times' urge a Rajoy a emprender un "radical cambio" para España

Un artículo de opinión afirma que la actual estrategia del presidente del Gobierno es un "camino hacia ninguna parte"

Lunes, 20 de agosto del 2012 - 17:52h.

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EL PERIÓDICO / Barcelona

 El ''Financial Times' dedica una columna de opinión a España, con duras críticas a la política del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al que insta a actuar “rápido” y a emprender un “plan radical para España” que incluya una reestructuración de la deuda de las entidades públicas, los bancos y las autonomías, una profunda reforma laboral y un plan de consolidación fiscal “creíble”.

Rajoy, el pasado día 14, en Mallorca. REUTERS

El artículo, firmado por Jesús Fernández-Villaverde y Luis Garicano, profesores de la Universidad de Pennsylvania y la London School of Economics, respectivamente, empieza con un demoledor análisis de la postura llevada a cabo hasta la fecha por Rajoy, del que dicen que “parece que cree que los problemas no se solucionan, sino que desaparecen con paciencia” y que ha trasladado esta actitud a la crisis de la eurozona con “resultados catastróficos”.

Los autores del artículo opinan que la estrategia de esperar que el Banco Central Europeo clarifique sus acciones futuras, mientras se pospone las reformas reclamadas por la Unión Europea (UE) y se deja que se deterioren los problemas de los bancos y las autonomías es un “camino hacia ninguna parte”. “La crisis económica se está convirtiendo en unacrisis constitucional”, añaden, ya que algunas regiones de España empiezan a considerar un salto hacia la independencia.

No todo son malas noticias, matizan los profesores Fernández-Villaverde y Garicano. Europa ha emprendido acciones hacia un marco de estabilidad, como la unión bancaria, y España ha visto aprobado un rescate bancario y creará un 'banco malo'. Pero el éxito, opinan los autores del artículo, requiere un “radical cambio” en España. En su opinión, el país debe diseñar una reestructuración rápida y ordenada de la deuda de las corporaciones propiedad del Estado, de los bancos y de los gobiernos autonómicos, que siguan las indicaciones del Banco Central Europeo de que se impongan “pérdidas sustanciales” para los acreedores de instituciones insolventes.

En segundo lugar, el Gobierno español debe reiniciar un programa de reforma estructural profunda centrado en “reducir obstáculos a la emprendeduría y a la creación del trabajo”. Y por último, España debe elaborar un “plan creíble para la consolidación fiscal”. Estos cambios requieren el compromiso de la eurozona, del Gobierno español y de los ciudadanos españoles, que deben entener “la cruda realidad de la situacion”, afirman. “Desafortunadamente, el tiempo se está acabando para estas tareas”, concluye el text

Luis Garicano y Fernández-Villaverde

Economistas españoles tachan de "catastrófica" la política de Rajoy en el 'FT'

Luis Garicano y Jesús Fernández-Villaverde publican un demoledor artículo en el FT criticando la estrategia de Rajoy contra la crisis.

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LIBRE MERCADO 2012-08-20

Luis Garicano (London School of Economics) y Jesús Fernández-Villaverde (Universidad de Pensilvania), dos destacados miembros de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y con mayor renombre en el exterior, publican en el Financial Times un demoledor artículo contra la política económica del Gobierno, bajo el título Rajoy debe aprobar un plan radical para España.

El presidente "parece creer que los problemas no se resuelven, sino que se disuelven si se tiene paciencia. Su Gobierno ha aplicado esta lección a la crisis de la eurozona con resultados catastróficos". Así da comienzo una pieza en la que, entre otros aspectos, critica duramente el retraso en la presentación de los Presupuestos Generales del Estado para 2012 o la línea de negociación con la UE seguida por Moncloa. Una estrategia que, hasta ahora, ha sido "un camino a ninguna parte".

Así, entre otras perlas, reprochan al Ejecutivo su estrategia de tratar de obtener financiación de la UE de forma "incondicional con la amenaza de derribar el euro", un "farol" que, a su juicio, ha fracasado, pues "no se puede jugar un juego de la gallina [chicken-run en inglés, o encaminarse de frente a toda velocidad a ver quién cede antes] cuando conduces un coche y tu oponente, el BCE, un tanque". Y es que, tal y como admiten, "el sector financiero español no puede sobrevivir sin un acceso ilimitado a dinero en efectivo del BCE".

Ambos solicitan al Gobierno poner en marcha de forma decisiva un plan de reformas estructurales y el necesario desapalancamiento para mejorar la tasa de crecimiento de España a medio plazo. No en vano, más allá del rescate financiero aprobado por Bruselas, el apoyo monetario del BCE o el rescate total del país, la salida de la crisis requerirá en todo caso un "cambio radical en la política de España", añaden.

Según estos economistas, en primer lugar, "España debe diseñar una reestructuración rápida pero ordenada de la deuda de las empresas públicas, bancos y gobiernos regionales insolventes", imponiendo pérdidas "sustanciales" a los acreedores (quita); en segundo lugar, el Gobierno debe"reiniciar un profundo programa de reformas estructurales centradas en la reducción de los obstáculos a la iniciativa empresarial y la creación de empleo"; y en tercer lugar, "España debe elaborar un plan creíble de consolidación fiscal que se centra en objetivos a medio plazo en lugar de arbitrarios objetivos a corto plazo", concluyen.

¿Salir del euro?

"El Gobierno debe abandonar sus arraigadas tentaciones populistas [...] Y los españoles deben comprender la verdadera realidad de la situación. Desafortunadamente, el tiempo se acaba para estas tareas", advierten. En este sentido, aluden a que algunos "observadores" defienden que "España abandone el euro", algo con lo que Garicano y Fernández-Villaverde están en total desacuerdo. Ambos, junto al también economista de Fedea Tano Santos, publicaron el pasado junio un artículo sobre este asunto bajo el título No queremos volver a la España de los 50.

En él advertían de que "España camina a trompicones, pero inexorablemente, por un sendero que conduce a perder los avances conseguidos por dos generaciones de españoles [...] Tras cuatro años de crisis seguimos con los bancos en situación crítica y dependientes de la financiación del eurosistema. Ninguna de las reformas acometidas han alterado sustancialmente un estado insostenible. En vez de ello, las reformas, particularmente las fiscales, han modificado solo los márgenes y, a menudo, en la dirección incorrecta. Las continuas sorpresas sobre la situación fiscal de las administraciones, central y autonómicas, demuestran que España tiene un problema constitucional que pocos consideran y que otros, como el presidente del Gobierno, niegan".

Ante tal situación, "salirnos del euro, por mucho que resulte tentador, sería, muy probablemente, mucho peor de lo que imaginamos", alertaban. "La realidad es que, el día después de la salida, la situación sería complicadísima. La nueva moneda se devaluaría considerablemente, los salarios y pensiones perderían gran parte de su poder de compra y todos los productos importados subirían de precio. Al aumentar la carga de la deuda, empresas, bancos y sector público se enfrentarían a la bancarrota. Las empresas, muy integradas en cadenas de valor global, suspenderían pagos con sus proveedores y perderían sus relaciones con sus clientes. Los bancos quebrarían"...

¿Conclusión? "Esa España sería la España de los 50, con ingresos bajos, derivados del turismo, con baja productividad, bajos costes y con un control brutal ejercido por los caciques locales, que controlarían los monopolios de la nueva economía cerrada. Del control de cambios y de exportaciones,aparecería, como en Argentina, una nueva clase privilegiada, estrechamente ligada al poder, nacida del chanchullo, la chapuza y el compadreo. Nosotros no nos reconocemos en esa España".

Y añadían que "lo triste es que a muchos de nuestros políticos este escenario no les asusta: una economía cerrada es una economía en la que pueden hacer y deshacer a su antojo, usando las palancas de la peseta para dar dádivas a sus amigos a discreción. Es a los españoles, por el contrario, a los que les conviene mantener el euro, que es la única forma de preservar el mínimo control de los desmanes de nuestros dirigentes. Por todo ello, aseveraban que "la alternativa es clara.España tiene que hacer su parte, y Europa la suya [...] España debe decir un claro sí a Europa, que es lo único que nos protege del peronismo empobrecedor, y que estamos dispuestos a pagar el precio que esto acarrea".