El ESTADO S.A.

Publicamos hoy en Libertad Digital la segunda parte de la serie de artículos "Estado SA", en la que estamos analizando el tamaño del sector público español.

La semana pasada veíamos que España tiene, en estos momentos, 1096 entes de todo tipo (organismos autónomos, empresas, fundaciones, ...) dependientes de la Administración central, 2338 entes dependientes de las CCAA y 5460 entes dependientes de los ayuntamientos.

Esta semana hemos querido centrarnos en el número de empleados públicos que supone el entramado controlado por el Estado central, para lo cual hemos ido recopilando uno por uno el número de trabajadores con que cuenta cada ente.

En la página de Libertad Digital tienen ustedes la lista completa, grupo empresarial por grupo empresarial, fundación por fundación, agencia por agencia... En total, hay más de 330.000 personas que trabajan para uno u otro ente que depende del Estado y que se añaden a la ingente cantidad de profesores, de médicos, de jueces, de militares, de policías, de guardias civiles y de funcionarios de todo tipo que ya existen.

Muchas de esas 330.000 personas trabajan para alguno de los grandes grupos empresariales dependientes del Estado, como Renfe, Aena, la SEPI o Correos. Otra parte importante trabaja para organismos autónomos o agencias de la Administración cuyo carácter necesario nadie discute, como la Agencia Tributaria o el CSIC.

Pero otros muchos miles de esos trabajadores pertenecen a una larga lista de entes perfectamente inútiles que tan solo sirven para incrementar el gasto público y colocar a todo tipo de personas en puestos pagados por todos los españoles.

Si repasan ustedes la lista que proporcionamos, verán, por ejemplo, que más de 400 personas trabajan en ese engendro llamado "Fundación tripartita para la formación y el empleo", que no es otra cosa que el chiringuito montado entre la patronal, los sindicatos oficialistas y la administración para el tejemaneje de unos cursos de formación que a ningún parado le sirven de ayuda.

O verán también que más de 1000 personas están en nómina de una variopinta serie de comisiones encargadas de regular los mercados - como la Comisión Nacional de la Energía, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones o la Comisión Nacional de la Competencia - cuya inutilidad salta a la vista sin más que ver las continuas intromisiones del poder político en las actividades empresariales de tantos sectores, intromisiones que en vez de garantizar la competencia, la impiden.

O verán también cómo, en un país donde le regateamos los subsidios a los parados de larga duración, nos dedicamos a mantener organismos como el Consejo de la Juventud, el Instituto de la Juventud, el Instituto de la Mujer o la Fundación Pluralismo y Convivencia, que no pasan de ser órganos ideológicos en los que colocar correligionarios y a través de los cuales repartir subvenciones.

A esas 330.000 personas que trabajan para los entes dependientes de la administración hay que sumar en torno a 180.000 que lo hacen para los entes dependientes de las CCAA y un número indeterminado que están colocadas en los entes que dependen de los ayuntamientos. En total, nos vamos por encima del medio millón de personas.

Por supuesto, medio millón de trabajadores y varios millares de entes públicos dan para disponer de muchos miles de altos cargos de libre designación, de muchos miles de liberados sindicales y de muchos miles de puestos de trabajo que escapan a cualquier control - por ejemplo, dentro del entramado de fundaciones -, lo que permite colocar a parientes, amigos, amantes o correligionarios sin mayor problema. De hecho, siendo alto cargo de alguno de esos entes se gana bastante más dinero que como concejal o como diputado, lo que quiere decir que perder unas elecciones no tiene por qué ser nunca un drama, siempre que tu partido te encuentre un acomodo. Y oportunidades para encontrarlo, en esa maraña de entes, nunca faltan.

Solo en la parte autonómica, los gastos estimados de los entes de todo tipo dependientes de la administración ascienden a más de 35.000 millones de euros, un 75% más que el agujero de Bankia, lo que da idea de cuánta tijera podría meterse en los gastos del Estado antes de apretar más el cinturón a los ciudadanos.

Para colmo, en sucesivas entregas iremos mostrando cómo, por encima de esta marea de empleados públicos, hay una auténtica y elefantiásica superestructura política compuesta por consejos de administración y patronatos. Superestructura política que proporciona ingentes oportunidades adicionales de colocación y remuneración de los afines.

Les invito a entrar en la página de Libertad Digital y a echar un vistazo a la composición de ese sector público estatal. Después, háganse ustedes la pregunta del millón: ¿hay derecho a subir los impuestos a los españoles, a recortar prestaciones sociales, a reducir la paga extra a los funcionarios de carrera o a regatear los subsidios de desempleo, cuando toda esa inmensa catarata de mamandurrias continúa prácticamente incólume?

En Italia, el gobierno de Monti está embarcado en el proceso de reducir el número de regiones y ayuntamientos y ha puesto sobre la mesa propuestas imaginativas para atajar la mangancia, como por ejemplo limitar a solo tres el número de representantes del Estado en los consejos de administración de las empresas y organismos. De esos tres representantes del Estado, dos deben ser obligatoriamente funcionarios, que no cobrarían por participar en consejos de administración.

En Grecia, el gobierno de Samaras está estudiando implantar una ley para prohibir en la Administración la contratación de familiares en primer y segundo grado de los políticos.

¿Y en España? Pues en España, mientras tanto, el gobierno va dejando pasar los días sin meter mano en todo este inmenso patio de Monipodio, mientras nuestra deuda aumenta, nuestra credibilidad disminuye y el sufrimiento social se acrecienta.

Los mal pensados dirían que es que el Gobierno no tiene la más mínima intención de recortar, porque eso equivaldría a acabar con la agencia de colocación con la que los partidos políticos cuentan y que les sirve para mantener el control social.

Nosotros, que somos bien pensados, consideramos que lo que en realidad le pasa al Gobierno es que está preso de la misma indecisión que el asno de Buridán. Ya saben ustedes que el asno de Buridán tenía delante suyo un recipiente con comida y otro con agua, pero como tenía tanta hambre como sed, no supo decidirse acerca de por cuál de los recipientes empezar y acabó muriendo de sed y de hambre.

Quizá al gobierno de Rajoy le pasa lo mismo: tiene tantos recortes que hacer, que no es capaz de decidir por cuál empezar. Con lo cual, no empieza por ninguno.

Y así nos va.